No a la persecución por ideas (Pronunciamiento)

    Condenamos las últimas detenciones a los que participaron en las recientes movilizaciones, así como a los que no participaron pero aún así debatían sobre la posible construcción de una nueva constitución y el cambio del modelo político-económico que rige nuestra sociedad, pues estas capturas dentro del denominado  operativo  “Olimpo” -que forma parte de la política represiva de las clases dominantes- atenta contra lo establecido en el artículo 2, inciso 4 del capítulo I de la Constitución Política, la cual es defendida y aplicada por el gobierno de turno, quien la considera como “correcta”. A continuación transcribimos dicho artículo e inciso para aclarar mejor la situación:

    (…) Art. 2.- Derechos fundamentales de la persona.

    Toda persona tiene derecho:

    (..) 4. A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante            la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa              autorización  ni censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley. (…)

    ¿A qué viene todo esto? Se nos objetará sin duda. Precisamente recordamos este fragmento porque el gobierno peruano, defendido por la policía, ha violado este artículo estipulado en la constitución fascista del 93, con la detención de los aproximadamente 90 jóvenes y adultos mayores por el simple hecho de poseer libros versados en marxismo y volantes (medio de difusión de sus pensamientos y opiniones políticas), que en nada atentan contra la “estabilidad” de la sociedad. 

Esta medida policial también atenta contra la Convención Americana sobre Derechos Humanos, creada en el Pacto San José, en cuyo capítulo II de la parte I establece lo siguiente: 

(…) 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por  cualquier otro procedimiento de su elección. 

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por ley y ser necesarias  para asegurar: a. El respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b. La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. (…)

    Como ya lo señalamos anteriormente, el inciso dos del Pacto de San José queda descartado por completo en el caso de las detenciones ejecutadas en el operativo “Olimpo”, pues los detenidos no atentaban contra la seguridad nacional, orden público ni contra la salud o la moral públicas. No les incautaron armas, ni fueron arrestados en trifulcas o acciones obscenas. Es cierto que algunos de los detenidos militaban en el MOVADEF -grupo cuya directiva tergiversó y traicionó el marxismo (aclaramos esto por nuestra postura muy divergente frente a este grupo), quienes desde el 2009 aproximadamente plantean la creación de una Nueva Constitución Política con miras lógicamente a liberar a sus dirigentes-; sin embargo, otros no tenían nada que ver con dicha organización y unos tantos más que militaban en organizaciones de base (es decir, organizaciones populares o agrupaciones de trabajadores). Recalcamos, la aprehensión no ocurrió cuando los mismos “alborotaban” o “atentaban contra los derechos o seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas”. No olvidar que la represión policial y armada como parte de la política de Estado, se fue intensificando en los últimos años para afrontar la crisis del sistema (Ver en el campo el llamado Baguazo en el 2009 o lo sucedido en el 2013 en Cajamarca como parte de la imposición de Conga, y en la ciudad ver el accionar de la policía frente a la protesta contra el régimen de explotación laboral juvenil en el 2014)  llegando a su cúspide con el asesinato de los jóvenes universitarios Inti Sotelo y Jack Pintado, y, recientemente del agricultor Jorge Yéner Muñoz, en medio de las protestas contra la ley de explotación laboral de las agroexportadoras. 

Recapitulando lo expuesto, dejamos en claro que:

- No compartimos los planteamientos y las acciones del grupo antes mencionado (MOVADEF).

- Sin embargo, exigimos la libertad de los aproximadamente 90 detenidos (incluyendo a los integrantes de este grupo) por considerarlo un atentado contra la libertad de expresión y pensamiento de parte de la policía y el gobierno. Esto podría significar a su vez el inicio de la reducción de los derechos que el pueblo ha conquistado a base de lucha y sangre a través de la historia, así como la persecución de quienes no creemos ni defendemos el modelo neoliberal actual. 

- Que estas detenciones no sirvan para manchar la creciente ola de protesta popular, vinculándola a grupos que no representan el verdadero sentir de la mayoría social o minimizarla arguyendo que fue parte del plan macabro de un grupo sedicioso.

- Denunciamos abiertamente que estas detenciones tienen como objetivo el levantar una cortina de humo, frente a la crisis del sistema en general y particularmente frente a la crisis orgánica que atravesaba y atraviesa la policía y las Fuerzas Armadas. 

¡Viva el pueblo Peruano!, ¡Viva la ola creciente de protesta popular!

¡No a la impunidad por los asesinatos de Inti, Jack y Jorge Muñoz!

Vanguardia Peruana